Máximo Luppino |
Los señores jueces continuarán sin tributar el impuesto a las ganancias. Sin sonrojarse parecen dispuestos a defender sus privilegios a “capa y espada”. Continuarán brindando “justicia” desde la propia iniquidad para con la sociedad. ¿Cómo se brinda justicia estando sentado en un trono de privilegio? Sin equidad no hay ejemplo positivo hacia la sociedad. Todos los demás mortales de la Nación Argentina pagan el impuesto a las ganancias, el poder judicial no, por más que muchos magistrados llegan a percibir como salario más de un millón de pesos mensuales. No pretendemos que ningún sector gane menos de lo que ya percibe. Sí deseamos fervientemente que el habitante de a pie de nuestro país gane mucho más, ya que hoy reinan salarios de hambre para la mayoría de la gente. La despiadada inflación logró que el trabajador aplicado con su sueldo no llegue a comer decentemente y encima le saquen plata por “ganancias” …
Los médicos y enfermeros, los docentes, los camioneros, albañiles, policías y científicos, todos, absolutamente todos pagan. Los magistrados envueltos en sus togas de administradores de justicia, cometen el injusto hecho de no tributar. ¿Todos iguales ante la ley?
El respeto social se gana con los ejemplos de altruismo y solidaridad, no con prerrogativas sectoriales, con excepciones que les permiten diferenciarse del resto de los conciudadanos para propio provecho.
Cuánto más respeto y consideración social obtendrían los señores jueces si ellos mismos se dispusieran a pagar los mismos tributos que sus semejantes abonan. La sociedad se siente estafada y burlada por los poderosos jueces que habitan en un universo predilecto.
El impuesto a las ganancias desde siempre fue un atropello aberrante al trabajador. En verdad es un latrocinio que el Estado ejerce contra los que reciben un salario por su trabajo. Nunca puede ser ganancia el pago por una actividad brindada. Es una contradicción en sí misma, que en muchos casos no deja progresar a los empleados. Esto sucede en los casos de las horas extras, que al realizarlas puede sumar a su sueldo un dinero que “habilita” a que se le aplique “ganancias”. Por lo tanto, trabajaría un asalariado más tiempo para que le quiten parte de su remuneración correctamente lograda. Un auténtico disparate que atenta contra el Orden Natural y el espíritu de progreso dándole bofetadas a la cultura del trabajo.
Todos los mandatarios saben de lo injusto de este impuesto, pero nadie lo quita. Por más que muchos hasta llegaron a prometerlo como parte de la campaña política, luego todo continúa igual. Palabras que el viento del interés económico se lleva.
Si la clase dirigencial no soluciona la avalancha inflacionaria es probable que pronto estemos viviendo episodios no deseados de mucho dolor y tristeza.
La inflación debe ser controlada. Esta es la prioridad absoluta de toda la sociedad. En especial la de los gobernantes de turno. En ellos recae la más cruenta responsabilidad.
Si el poder judicial tributara ganancias el Estado contaría con una suma de dinero muy importante que ayudaría a la recuperación financiera de la República.
El impuesto a las ganancias está destinado a ser abolido. Es un despropósito en sí mismo, un atropello a los derechos de los empleados, un ejercicio de pesca en la pecera de la casa.
Las elecciones generales del 2023 se aproximan raudamente y con ellas el veredicto del soberano que sabrá premiar y también castigar a los que a su entender íntimo le señalen como responsables de esta pobreza creciente en la cual vivimos.
Argentina necesita imperiosamente que sus tres poderes gobernantes se encuentren profundamente hermanados en el propósito de una patria grande con su pueblo feliz.
El poder judicial debe ser ejemplo de igualdad y solidaridad, para esto los derechos y obligaciones deben ser los mismos para todas las personas que habitan nuestro sagrado suelo.
Proveer de conformidad. Será justicia.
Máximo Luppino
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