Así lo dispuso el fiscal General de Capital Federal, Juan Bautista Mahiques. Hay más de mil detenidos en Capital por no cumplir con la cuarentena obligatoria.
El Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, autorizó el secuestro de los vehículos de las personas que circulen sin la autorización correspondiente, en el ámbito de la CABA, violando la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional.
Esta medida fue adoptada en el marco del endurecimiento de los controles que se llevan a cabo para cumplir con el aislamiento obligatorio de las personas, a fin de evitar el avance del Coronavirus Covid-19.
Fuertes controles de cumplimiento de la cuarentena total en la Ciudad
Fuertes controles de cumplimiento de la cuarentena total en la Ciudad
De esta manera, el titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad autorizó a los fiscales de turno a que ordenen el secuestro de los vehículos de aquellas personas que circulen por la ciudad sin permiso para hacerlo incumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
La disposición faculta a los efectivos de la Policía de la Ciudad, que realizan los controles en los accesos y en ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
En la tarde del miércoles 25 de marzo, el fiscal general se reunió con el Vicejefe de Gobierno de la ciudad, Diego Santilli, y el Secretario de Justicia y Seguridad de la misma, Marcelo D’Alessandro, en la cual se evaluó el estado de situación actual.
Luego, tras mantener una comunicación con Ministra de Justicia del Gobierno nacional, decidió adoptar la medida y se la transmitió a los fiscales de turno.
”Hay más de mil detenidos en la ciudad, un numero que sorprende por el nivel de irresponsabilidad ante este escenario, más allá de que el nivel de acatamiento de la cuarentena en general es alto” señaló Mahiques, y agregó: “estamos en contacto permanente con las autoridades nacionales y locales y vamos a ser inflexibles en esta situación, porque está en juego la salud pública”.
Cabe señalar que los infractores incumplen el artículo 205 del Código Penal, que prevé penas de hasta dos años de prisión para quienes violen las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia.
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